La inseguridad y el narcotráfico, en el centro de la campaña electoral

Con casi todos los nombres propios definidos, la campaña electoral en Córdoba ingresó a una nueva etapa: la del barro. Sin llegar a ser puramente propositiva, los dos candidatos mayoritarios comienzan a buscarse en el ring al tiempo que dejan de lado el discurso autosatisfactorio “para los propios”. Es el momento de tantear puntos de contacto que permitan erigir bases sólidas que permitan cruzar el Rubicón lo antes posible para tentar y seducir “a los otros”.

Habida cuenta del “efecto Rosario” y de la clara situación de inseguridad que se vive en algunos centros urbanos de la ciudad, la temática de la seguridad y el narcotráfico se convirtieron (para sorpresa de prácticamente nadie) en el primer terreno donde se intenta primerear al adversario político. 

El consumo de drogas y alcohol, preocupaciones de la sociedad

En ese aspecto, un relevamiento de la Oficina de Gestión Estratégica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dio cuenta de que el 70% de los encuestados consideró que el flagelo del consumo de “drogas y alcohol” es la principal preocupación de la sociedad.

De los datos generales del relevamiento, realizado en 2022 y sobre un universo de 1.200 personas, se desprende que 7 de cada 10 personas entrevistadas vieron con profunda preocupación el flagelo de la “droga o el alcohol”, mientras que seis de cada 10 nombraron a la “inseguridad” como principal problema y cinco de cada 10, a la “violencia”, el “empleo” y los “conflictos familiares. Por otro lado, cuatro de cada 10 personas observan como principal preocupación a la “pobreza” y tres de cada 10 a la “salud”, los “conflictos vecinales”, la “educación” y la “falta de servicios”.

Al calor de estos guarismos es que los espacios políticos principales alistan las herramientas para salir en busca de votantes ajenos, sin importar muchas veces si la “solución” anticipada busca sólo el efecto mediático y no ataca parte de las causas estructurales de la situación.

Rosario, cerca y en espejo

Tras su instalación como candidato, Martín Llaryora pasó a la fase de “asalto” ante el novel adversario (lleva dos semanas con el cartel oficial), Luis Juez. Durante uno de los tantos recorridos mediáticos, matizados por un estudiado corte de cintas, el sanfrancisqueño no le tembló el pulso al sostener que de ser necesario pediría la intervención de las Fuerzas Armadas.

“En políticas de seguridad creo que todo lo ideológico tiene que quedar de lado. Es importante que nosotros podamos generar, como digo yo, el trabajo con las fuerzas militares, ya son fuerzas de la democracia, me parece que tenemos que avanzar. A mí no me tiembla el pulso para pedir la intervención de las fuerzas militares”, señaló en Río Cuarto. 

En esa búsqueda de “cazavotos” mostró un perfil más parecido a los halcones del PRO al señalar: “No tengo objeción para modificar la legislación y facilitar la creación de las policías municipales, creo que se debe incorporar mucha tecnología en esta pelea”. Un guiño más que seductor a la derecha del electorado cordobés.
El marco lo dio el ataque a tiros a la fundación del padre Mariano Oberlin y también el reconocimiento de que en Córdoba hay problemas con el narco en algunos barrios de la ciudad. Confesión dura que no deja de ser una crítica velada a su jefe político, Juan Schiaretti, que se apresta a cerrar ocho años al frente del Panal. “Es una discusión que debe darse. No es menor el tema: la inseguridad es un tema clave, tiene que ver con la pobreza, no hay dudas”, sostuvo ante la prensa, dejando otro recado al Gringo. 

Según el Monitoreo de Condiciones de Vida, dado a conocer por el propio gobierno provincial, en el segundo semestre del año pasado, la pobreza alcanzó a 640.000 personas mientras que la indigencia a 111.000 personas. Se trata de un 37,9% de pobreza y un 6,6% de indigencia en la provincia que, al decir de Schiaretti, es el motor productivo del país.

La devolución

Desde Juntos leyeron este corrimiento a la derecha de Llaryora y más allá de la respuesta rápida también se empezó con un trabajo de hormiga haciendo foco en un área sensible (y redituable): la corrupción. En ese marco, que engloba la cuestión de la inseguridad, se sucedieron los reclamos en torno a proyectos de ordenanza en el Concejo Deliberante, como el de “Ficha Limpia”. Por su parte, Luis Juez y Rodrigo De Loredo, ya en plan de campaña recogieron el guante con fuertes críticas a la participación de Llaryora y el candidato a intendente, Daniel Passerini, en la movilización convocada por el Comipaz. “Si los encargados de protegernos marchan para pedir más seguridad, ¿a quién le vamos a pedir medidas concretas para frenar el avance del narcotráfico y sus consecuencias? Es el colmo del cinismo y de la hipocresía”, sostuvo. Políticamente, Schiaretti no dejó pasar el gesto y rápidamente hizo control de daños con un encuentro ¿de apuro? con el propio Comipaz.

Sin lugar a dudas se trata de los primeros escarceos que con el paso de las semanas serán más crudos, mientras se espera la definición de la fecha para los comicios municipales.

Los olvidados de siempre

Lejos de los primeros planos, los movimientos populares salieron a la palestra. Desde Libres del Sur denunciaron “la inequidad en el acceso a los productos y servicios de seguridad pública y privada para los sectores más humildes”. En un documento, la organización planteó “la falta total de recursos para poder afrontar estas situaciones que tiene la gran mayoría de la sociedad”. “Si hay un cliché que se repite bastante es que la seguridad es un ‘negocio’, y es un negocio que amplía la brecha donde millones de compatriotas que están a la buena de dios quedan sin posibilidades de tomar medidas de resguardo”, reclamó el texto, que dio cuenta de la aparición de “recetas con expresiones simplistas, que proponen aumentar exponencialmente la violencia como una forma de abordar el problema”.